Elisa Carrió: “Ustedes son responsables del atentado al orden democrático que significa darle el poder de inteligencia a Milani”

La diputada Nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica ARI) afirmó hoy “ustedes son responsables del atentado al orden democrático que significa darle el poder de inteligencia a Milani”. Así se los dijo a diputados y funcionarios oficialistas durante el plenario de comisiones que se desarrolló esta mañana en la Cámara Baja para tratar la modificación a la Ley de Inteligencia, sobre la que presentó un dictamen de minoría.




“Acá puede haber dos hipótesis: O se pactó como siempre se pacta en la cuestiones de inteligencia o todavía estamos en una guerra, que es una guerra de inteligencia que comenzó con la muerte del Lauchon y por el que está investigado el Grupo Halcón, que depende del Gobernador Daniel Scioli”, dijo Carrió y acotó: “Venimos a sostener el sistema democrático y la libertad de expresión, claro que no me voy a acercar a los fiscales que protegieron a Lázaro Baez por ordenes de ustedes, igual que Stiuso que siempre actuó por órdenes de ustedes” porque “Kirchner le duplicó el poder a Stiuso”. La diputada de la CC ARI, destacó el rol del Fiscal Pollicita “quién sí impulsó en la Justicia nuestras denuncias”.




En el dictamen de rechazo que presentó Carrió, escribió: “detrás de la máscara que hoy nos propone el oficialismo, lo que subyace es una transferencia del poder real a César Milani, quien siendo Jefe del Estado Mayor General del Ejército, ostenta el manejo efectivo y concreto del espionaje interno estatal; en abierta violación de la ley 23.554, que prohíbe expresamente que cuestiones relativas a la política interna del país constituyan hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares. Configurando una claro caso de atentado al orden constitucional (art. 36 de la Constitución Nacional”.




“Milani puede ser el Comandante que responda a Cristina o puede ser Chavez, ustedes son responsables del atentado al orden democrático que significa darle el poder de inteligencia a Milani”, sentenció Carrió en la reunión de esta mañana y agregó: “ el peronismo tiene algo que es el desprecio por la república y el desprecio por la Ley y ustedes están encerrados en ese desprecio. Crisitina está encerrada y hay un hombre desesperado que o va preso por delitos de lesa humanidad o toma el poder, por eso yo acuso al General Milani”.




En tanto, en el dictamen redactó: “llegamos al día de hoy con un Jefe del Ejército, que tiene poder de facto sobre las tres Fuerzas Armadas y el manejo real, más allá de las estructuras legales, de las herramientas de espionaje estatales –y paraestatales también, como lo veremos-. Lo que a todas luces, subvierte el orden institucional y pone en serio riesgo el sistema democrático, configurando una claro caso de atentado al orden constitucional (art. 36 de la Constitución Nacional). Pudiendo configurar su conducta, incluso, los delitos previstos por los arts. 226 y 229 del Código Penal (atentado al orden constitucional y a la vida democrática y sedición).Además de ser evidente que el alejamiento de los agentes de inteligencia ocurrido en diciembre pasado, puede haber sido fruto de una guerra interna o una “salida acordada” en virtud de un intercambio de “favores” convenido entre quienes tienen en su poder información sensible de los funcionarios de este gobierno que deberán “guardar” y omitir proporcionar a la justicia federal, y quien puede ofrecer una salida ventajosa para los desplazados. Un pacto de impunidad sellado con el silencio de ambas partes beneficiadas en sus respectivos intereses”.




Carrió aseguró en su discurso que “El régimen permanece, se consolida y avanza, no hay decisión de eliminar esa SIDE sino un trasladado a un nuevo servicio de inteligencia comandado por Milani. Estamos construyendo un poder autoritario, porque lo que hace Milani es dividir en subdirectores y separar todo el presupuesto de inteligencia del Ejercito. Hay una casta paralela liderada por Milani”.




“Como hemos aprendido de Guillermo O´donnell, una cosa es la Ley y otra cosa es el régimen y aquí lo que no se modifica es el régimen, por el contrario se agrava el régimen. Primero porque se termina la distinción entre inteligencia interna e inteligencia militar que era algo ganado por la democracia desde 1983: esta Ley consolida una sociedad entre dos actores políticos: Pocino y el General Milani”.




Para Carrió, “la cuestión de la Ley es como se resuelve el problema de la comunidad de inteligencia en nuestro país, pero la comunidad de inteligencia es mucho más amplia que lo de la Ley dice y a través del desarrollo tecnológico no sólo es estatal sino también paraestatal” y esto “se trata de lo más importante para la República por quienes hacen inteligencia como el criminal Stiuso a quien no conozco, a los que sí conozco como los criminales Aníbal Fernández y el General Milani”.




“Hemos tomado la decisión de asistir como siempre lo hemos hecho para plantear nuestra posición en momentos de extrema gravedad para la Nación”, sostuvo Carrió y adelantó “No vamos a dar el quorum pero si lo consiguen vamos a dar el debate”.




“No solo hemos informado a la OEA los atentados del orden democrático por parte del gobierno sino también los atentados por los sectores de De Mendiguren”, contó Carrió y dijo que aquí “Hubo una muerte y sea mala o buena la persana es una muerte que es un asesinato. Desde el menemismo que siempre hay testigos suicidados”.




Carrió hizo algunas preguntas sobre la investigación de la muerte del Fiscal Nisman: “¿Que Maletin sacaron? ¿Por que están llevando a esta Nación a la yihada?, ¿Qué sabia Nisman? ¿O en ese maletín llevaron lo que toda la comunidad internacional sabe? ¿Por qué se esconde la conexión local? ¿Qué esconde Anzorreguy? ¿La pista siria y la israelí es la misma? ¿Qué es lo que se quiere esconder? ¿El juicio sobre la conexión local? ¿El rol de Rabbani? Rabbani está siempre, en todas las acusaciones”.



A continuación el texto completo del Dictmen presentado hoy por Elisa Carrió:



DICTAMEN DE LAS COMISIONES (de MINORIA)






Honorable Cámara:







Las Comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia, de Seguridad Interior y de Legislación Penal; han considerado el proyecto de ley venido en revisión por el cual se modifica la ley 25.520, de Inteligencia Nacional y se crea la Agencia Federal de Inteligencia; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan su rechazo:











Sala de las Comisiones,





Sr. Presidente:





La cuestión política que está en discusión, es nada menos que quién tiene el poder de la inteligencia en nuestro país, y qué tipo de inteligencia queremos tener los argentinos.



La circunstancia de que las instituciones estatales dicten normas jurídicas, no suponen necesariamente, que las mismas se apliquen en la realidad. En tal sentido, podemos tomar dos categorías analíticas:

1) el sistema jurídico formal, como conjunto de reglas emitidas por las instituciones estatales, y

2) una segunda categoría analítica, que es el concepto de régimen, como conjunto de normas, prácticas y comportamientos que efectivamente rigen en un determinado ámbito, lo que puede coincidir o no con el sistema jurídico formal, e incluso muchas veces las prácticas muestran la elusión en la aplicación del sistema jurídico formal cuando no ya su abierta contradicción con tal sistema.



A partir de lo cual, y en base a lo que será señalado a lo largo de todo el presente dictamen, podemos concluir que el proyecto de ley que plantea la modificación del sistema jurídico de inteligencia nacional, en modo alguno resulta adecuado y suficiente para modificar el régimen actual. El que sin dudas, atenta contra el orden constitucional en tanto parte de un organismo, llámese, SIDE, SI o AFI que hace inteligencia con políticos opositores (como el caso de la operación contra el candidato Enrique Olivera), periodistas independientes, dirigentes sociales, permite y promueve un “andamiaje paralelo” e ilegal del espionaje solventado con recursos estatales e incluso, operaría con el narcotráfico.[1]



Nuestro sistema jurídico formal (el actual y el que se pretende con el proyecto de ley en tratamiento) resulta una pantalla para dar apariencia de legalidad a un régimen que, en la práctica, habilita y protege lo que las normas jurídicas prohíben. Las normas jurídicas como máscaras no son algo nuevo en la historia de América Latina sino que, por el contrario, eludir las mismas fue un camino recorrido por todos desde la colonia a la fecha[2].



En efecto, detrás de la máscara que hoy nos propone el oficialismo, lo que subyace es una transferencia del poder real a César Milani, quien siendo Jefe del Estado Mayor General del Ejército, ostenta el manejo efectivo y concreto del espionaje interno estatal; en abierta violación de la ley 23.554, que prohíbe expresamente que cuestiones relativas a la política interna del país constituyan hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares. Configurando una claro caso de atentado al orden constitucional (art. 36 de la Constitución Nacional.



La historia de ascensos y nombramientos resulta clarificadora.



Si nos remontamos hacia el año 2008, encontramos que el General Montero, Director de Inteligencia del Ejército bajo el mando de Bendini, es grabado por la Secretaría de Inteligencia, lo que termina con el desplazamiento de ambos[3].



En ese entonces, Milani era Subdirector y fue ascendido a Director de Inteligencia, y es entonces cuando comienza a operar realizando espionaje interno a pedido del gobierno nacional. En tal sentido debe considerarse que Gonzalo Pocino, como Director de Reunión de la SI, siendo el responsable de la búsqueda y obtención de información, es quien cuenta con los medios para llevar adelante las “escuchas”, las que en definitiva, facilitaron el ascenso de aquel en lugar de Montero.



Asumido en su nuevo cargo, Milani pide mayor presupuesto a la Presidenta –cuya respuesta se ve reflejada en el aumentos presupuestarios desmesurados-, y se crean 3 Subdirecciones, a fin de atomizar el poder; sumado a lo cual, el abultado y creciente presupuesto para inteligencia ya no integra la administración general del Ejército, sino que pasa a sus manos directamente y fuera de todo control.



Asimismo, el General Luis María Carena es designado como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en simultáneo con la designación de Milani como Jefe del Ejército; aunque en los hechos, el primero depende de Milani, en tanto fue Subdirector de Inteligencia del Ejército bajo su mando, cuando ambos empiezan a tener relación con Pocino[4]. En tanto por sus funciones, ambos se requieren recíprocamente, información colectada en sus tareas.



Lo cierto es que el pasado 16 de diciembre, la Presidenta de la Nación Cristina Fernández, solicitó (y aceptó) la renuncia del Secretario de Inteligencia Héctor Icazuriaga, del Subsecretario de la Secretaría de Inteligencia Francisco Larcher, y de Antonio Stiusso —tercero en jerarquía dentro de la Secretaría de Inteligencia, quien fue relevado de su cargo aunque no de la Secretaría de Inteligencia-; y designó como titular del organismo al hasta entonces Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli. Lo que alimenta la lógica deducción –en base a los antecedentes referidos- de que la designación del nuevo funcionario sería meramente formal, mientras que su objetivo sería “debilitar” a la ex Side y dotar de mayor poder aun al Jefe del Ejército. Ello, en pos de darle vía libre en su “misión” de realizar espionaje interno.



Es entonces que llegamos al día de hoy con un Jefe del Ejército, que tiene poder de facto sobre las tres Fuerzas Armadas y el manejo real, más allá de las estructuras legales, de las herramientas de espionaje estatales –y paraestatales también, como lo veremos-. Lo que a todas luces, subvierte el orden institucional y pone en serio riesgo el sistema democrático, configurando una claro caso de atentado al orden constitucional (art. 36 de la Constitución Nacional). Pudiendo configurar su conducta, incluso, los delitos previstos por los arts. 226 y 229 del Código Penal (atentado al orden constitucional y a la vida democrática y sedición).



Además de ser evidente que el alejamiento de los agentes de inteligencia ocurrido en diciembre pasado, puede haber sido fruto de una guerra interna o una “salida acordada” en virtud de un intercambio de “favores” convenido entre quienes tienen en su poder información sensible de los funcionarios de este gobierno que deberán “guardar” y omitir proporcionar a la justicia federal, y quien puede ofrecer una salida ventajosa para los desplazados. Un pacto de impunidad sellado con el silencio de ambas partes beneficiadas en sus respectivos intereses.



En efecto, para el esclarecimiento del contexto en que se pretende aprobar la nueva ley de inteligencia, es conveniente introducir el concepto “comunidad de inteligencia”. La Secretaría de Inteligencia es parte de la “comunidad de inteligencia”, en una relación especie-género. Es decir, esta comunidad incluye también a los servicios de inteligencia de las fuerzas de seguridad, a las Fuerzas Armadas y a muchas agencias privadas de investigación. En otras palabras, cada una de estas comunidades de inteligencia conforma una gran comunidad de inteligencia dirigida por el Poder Ejecutivo Nacional.



Cada una de estas comunidades se encuentra estructurada en un marco legal. Sin embargo, el régimen utiliza estas estructuras y sus respectivos fondos —que se han incrementado escandalosamente, como vimos— como mascaron de proa para desarrollar actividades ilícitas. Estas comunidades se encuentran íntimamente relacionadas y coordinadas en todos los niveles de responsabilidad. Además, en muchos casos, conforman un gran negocio, en el que los responsables son verdaderos empresarios que se mueven en la ilegalidad de un sistema que el Gobierno no pretende cambiar de raíz. Es más, es el principal beneficiario.



En otras palabras, la “comunidad de inteligencia”, conducida por el poder político, fue usufructuada por el Gobierno Nacional, conformando uno de los negocios más rentables en el que la mercadería es la información, y donde el tráfico de influencias se utiliza para influir y coaccionar.



Por ello decimos que el cambio de la cúpula de la Secretaría de Inteligencia en diciembre del 2014, que marcó la salida de Héctor Icazuriaga, Francisco Larcher y Antonio Stiuso, y la llegada de Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, a diferencia de lo que el Gobierno pretende instalar, formó parte de una guerra de inteligencia o de un acuerdo en el que los primeros garantizarían impunidad, comprometiéndose a que la información disponible dentro de la “comunidad de inteligencia” no pueda ser usada en el futuro como prueba de los delitos cometidos por los propios integrantes del Gobierno Nacional.



En definitiva, el cambio de cúpula de la Secretaría de Inteligencia consistió en la entrega de la comunidad de inteligencia al General Milani. El que gana poder es Milani. El que permanece en la Secretaría de Inteligencia y sale victorioso de estos movimientos no es otro que Fernando Pocino, ligado por cuestiones personales y políticas al mismo Jefe del Ejército.



Los sistemas de inteligencia, por lo tanto, conforman hoy una organización en red que responde a la comunidad de inteligencia del Ejército que, aunque dispone específicamente de un Director de Inteligencia, el control lo realiza personalmente el General del Ejército Milani, y su segundo, el General Motta, ex Director de Inteligencia Militar.



Esta dedicación intensa e ilegal a la inteligencia interna por parte del Ejército, se ve palmariamente en los movimientos del personal, que surge del análisis de las eliminaciones, promociones y designaciones, a través de una clara política que privilegia personal con especialidad en inteligencia, más allá de las cualidades profesionales y de la honestidad.



Así volvemos a ver que el problema NO es la ley sino el régimen, que en los hechos, deja en manos del Jefe del Ejército, el espionaje interno, como en las épocas de la dictadura militar.



Las contradicciones descubiertas entre el aparato jurídico formal y la práctica real, como lo advertimos hace años para otros casos, demuestra, hasta qué punto, las propuestas en temáticas en las que existe este “divorcio” entre la ley y el régimen, no pueden pasar por el dictado de normas legales o corrección de las existentes sino por el cambio de este último. Es decir la transformación de las prácticas políticas y sociales que lleven a la conformación de un aparato estatal que responda a las reglas del Estado de Derecho. Estado que sea garante de reglas que impliquen algo del orden de lo generalizable, de lo transparente y de lo sustentable.

Más allá de la conciliación en determinadas propuestas legislativas, debe quedar claro que el problema es de régimen y no de normas, de matriz y no de fallas.[5]



Para lo cual veríamos como un buen comienzo, el levantamiento del secreto y el congelamiento de los fondos reservados, al menos por un plazo razonable, a fin de determinar responsabilidades en la malversación de recursos estatales, violaciones de deberes de los funcionarios, y participaciones criminales, por parte de los máximos responsables de la Secretaría de Inteligencia.



De esta manera se podría distinguir la ilegalidad y el negociado, del funcionamiento legal y normal del organismo, y terminar con la utilización de fondos estatales que sustenten los negocios ilegales. Esto, a fin de producir un cambio real en el régimen imperante y no un mero “maquillaje” legal.



Ante la gravedad institucional de las circunstancias relatadas, los diputados nacionales no debemos prestarnos al nuevo juego discursivo que nos plantea el Poder Ejecutivo para no cambiar nada y concentrar aun más poder.



Por todo ello, nos negamos a tratar una “mascarada” de ley y vamos a rechazar la reforma impulsada.



El punto máximo en las violaciones al orden constitucional cometidas por el gobierno nacional. Quiebre institucional



A raíz de lo expuesto, entendemos que estamos frente al punto máximo de violaciones al orden constitucional cometidas por el gobierno nacional, lo que provoca un grave quiebre institucional.



En tanto no estamos ante un mero hecho aislado, ya que a lo largo de los años en los que ha gobernado el kirchnerismo, se han profundizado los ataques a las instituciones y el debilitamiento del Sistema Republicano en nuestro país. Todo ello, ha motivado nuestro requerimiento al Secretario General de la Organización de Estados Americanos—José Miguel Insulza—para que en virtud del artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana brindara asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Dicha solicitud consta de un pedido formal para lograr el sostenimiento y correcto funcionamiento de las instituciones democráticas que realizamos el 22 de abril de 2013 con motivo de las llamadas “Leyes de la Democratización de la Justicia”.



Así advertimos que en los casi diez años de mandato presidencial de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, han estado marcados por un ejercicio del poder claramente autoritario que inevitablemente ha conducido a abusos, descontroles en su ejercicio y que hoy ponen en grave riesgo el orden constitucional. La impunidad del poder se ha transformado en una regla en este modelo personalista.



“Una legalidad de emergencia que se transforma en regla habitual, un proceso de selección y control de jueces en manos del Poder Ejecutivo que transforma un Poder del Estado en un poder obediente. Un Poder Legislativo blindado en la obediencia militar a las decisiones de la Casa de Gobierno. Gobernadores de las 24 provincias sojuzgados por la Presidente de la Nación por vía económica. Provincias con déficit provocados por la concentración de recursos en el Estado Federal que obliga a sus gobernadores a peticionar favores económicos a cambio de lealtades políticas. Un sistema de subsidios sociales absolutamente clientelista. Una política de persecución abierta y sistemática en contra de la prensa libre condenada por el discurso oficial a un rol de conspiración empresaria. Este es el cuadro de realidades que existe en la Argentina a la fecha y que durante este último tiempo ha dado la posibilidad al partido de gobierno a querer garantizar para sí un Poder Judicial dependiente del poder político en clara violación a la forma de gobierno que la Nación Argentina se ha dado, ya que desde sus origines constitucionales el país ha decidido para su gobierno la forma representativa, republicana y federal.

Esta es la versión Argentina del Cesarismo Democrático que habilita la OEA a través de sus Art. 17, 18 y 19 para solicitar asistencia para la preservación de la institucionalidad democrática como un sistema real de división y control de poderes independientes y como un verdadero sistema de valores, profundamente ético, comprometido con Derechos Humanos y de absoluto respeto al diferente”.



Sin embargo, conforme fueron suscitándose numerosos hechos que vulneraban la vida democrática de nuestra República, se fueron presentando sendas ampliaciones en las que se puso en conocimiento al Secretario General de los Estados Americanos. Dichas ampliaciones versan sobre distintos hechos que son de extrema gravedad, a saber:

El 2 de mayo de 2013 informamos acerca de la Sanción de la ley de Reforma de Consejo de la Magistratura y de la regulación de medidas cautelares.



Con fecha 13 de mayo del mismo año, pusimos en conocimiento de la intervención de medios de comunicación a través de la Comisión Nacional de Valores que fuera facultada para intervenir Sociedades.



Posteriormente, el 7 de junio de 2013 enviamos una ampliación en la que dejamos constancia de los intentos de subvertir el orden constitucional en desmedro de la independencia del Poder Judicial de la Nación. Con relación a ello, el 18 de junio de 2013 le remitimos adjunto el fallo de C.S.J.N en el que se declara inconstitucional la ley de Consejo de la Magistratura. Con motivo de declaraciones realizadas por Cristina Kirchner, el 27 de junio de 2013, pusimos en conocimiento del Secretario General, expresiones realizadas por la Presidente en contra del Poder Judicial, desconociendo el estado de derecho, la división de poderes y la forma republicana de gobierno.



Con fecha 18 de octubre de 2013, pusimos en conocimiento al Secretario General de las versiones que afirmaban que tanto la Presidente de la Nación y el Secretario de Legal y Técnica presionaban al Presidente y Vicepresidente de la C.S.J.N para que dictara un fallo conforme a sus pretensiones en la llamada “Ley de Medios”.



Posteriormente, el 10 de diciembre de 2013, informamos de los conflictos suscitados en torno a las fuerzas policiales por mejoras salariales que se inició en la provincia de Córdoba y se extendió a lo largo de todo el país. También dejamos constancia acerca de los saqueos que dejaron un saldo de 10 muertos. Asimismo, en la misma fecha, realizamos otra presentación en la que comunicamos el enorme poder que la Presidente depositó en César Milani y la posible realización de inteligencia interna que éste realizaría desde la inteligencia militar.



En el mismo sentido, el 27 de diciembre de 2013 informamos el nombramiento de César Milani como Jefe del Estado Mayor General del Ejército con el consecuente aval del Senado.



El 14 de febrero de 2014 en virtud de diversos rumores, trascendidos y declaraciones sobre diferentes golpes institucionales que realizaron tanto miembros del gobierno como referentes políticos, enviamos otra ampliación en la que nos referimos a ello.



Posteriormente, el 9 de junio del mismo año, pusimos en conocimiento del Secretario General que el Vicepresidente Amado Boudou fue citado a prestar declaración indagatoria en la causa que investiga la quiebra de Ciccone Calcográfica y su supuesta adquisición por parte de éste. El 19 del mismo mes, con motivo de la Deuda Externa de nuestro país, comunicamos las erráticas e irresponsables políticas llevadas a cabo por el Gobierno argentino.



El 7 de julio de 2014, enviamos una nota en la que detallamos el procesamiento a Amado Boudou por parte del juez Ariel Lijo en la “caso Ciccone”. Asimismo, informamos del Pedido de Juicio Político contra el vicepresidente y su posterior rechazo in limine.



En fecha 4 de septiembre de 2014, en relación a la Deuda Externa, detallamos las acciones que propiciaban la Presidente y sus funcionarios, que iban en el camino deliberado e irresponsable hacia el desacato de la sentencia del Juez Thomas Griesa, la creación de un escenario beligerante que cree caos y una situación de victimización del gobierno.



El 15 de septiembre de 2014, informamos de las declaraciones de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner, referentes del gobierno y de la oposición en relación a posibles “estallidos sociales”. El día 22 del mismo mes, relatamos los hechos en los que el Canciller Héctor Timerman expresó su rechazo y malestar a las declaraciones de Kevin Sullivan (Encargado de negocios de EE. UU en Argentina) en relación a que “Estados Unidos no apoya el debate en Naciones Unidas porque no nos parece el ámbito para encontrar una solución eficiente” al referirse a las reestructuraciones de las deudas soberanas. Asimismo dejamos constancia de la citación del Canciller Timerman a Sullivan a su despacho el 16 de septiembre de 2014 y de la advertencia que le propició al expresar que “de repetirse este tipo de intromisiones en los asuntos internos de la Republica Argentina se adoptaran las más severas medidas estipuladas en la Convencion de Viena… ”



El 14 de noviembre de 2014, informamos que la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de creación de la Universidad Nacional de la Defensa (UNDEF), haciéndole saber al Secretario General de su inconstitucionalidad puesto que incumplía con el art. 99 inc. 19 de la Constitucion Nacional y con las leyes de Educación Superior y de Defensa. Asimismo, demostramos que ello implicaba una enorme concesión de poder al Jefe del Estado Mayor del Ejército, César Milani, sospechado de haber cometido delitos de lesa humanidad en la última dictadura y en la actualidad de realizar espionaje e inteligencia interna.



En fecha 19 de enero de 2015, enviamos una presentación al Secretario General de los Estados Americanos en la que lo pusimos en conocimiento de la muerte del fiscal de la Unidad Fiscal AMIA, Alberto Nisman, quien había denunciado el 14 de enero una denuncia contra la Presidente de la Nación, el Canciller Timerman, agentes de inteligencia y algunos dirigentes del partido de gobierno por urdir un plan destinado a favorecer ilegalmente y desvincular a los sospechosos iraníes de su participación en el atentado.



En el mismo sentido, el 6 de febrero de 2015 pusimos en conocimiento de la denuncia penal presentada por el Diputado Nacional Fernando Sánchez contra la Presidente de la Nación, la Procuradora General de la Nación, el Jefe del Ejército y el Secretario General de la Presidencia por tareas de inteligencia ilegales y obstrucción en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.



Por último, el pasado 12 de febrero de 2015, le enviamos una nota al Secretario General haciéndole con el fin de informarle nuestros fundados temores sobre la coyuntura política del país. En dicha misiva, le trasmitimos que Argentina se ha vuelto dictatorial, se ha vuelto vergonzosa de la mano de éste gobierno. Asimismo, le expresamos nuestra más honda preocupación acerca que desde hace tiempo la insubordinación del poder militar a las autoridades civiles, en tanto entiendo que la posibilidad de un auto golpe del gobierno acordado con el General Milani podrían ser parte de una estrategia inconfesable de Cristina Kirchner para victimizarse y evadir así causas judiciales y generar un nuevo futuro político conteste con el relato que su gobierno ha creado sobre política y gestión, esto especialmente en los últimos meses de su mandato.



El contexto en el que el Poder Ejecutivo presenta esta iniciativa legislativa.

Es imprescindible dimensionar el nivel de conflicto político institucional que estamos viviendo en la República Argentina. No se puede asistir a este pretendido debate legislativo sin hacerlo. Hay un fiscal federal muerto a días de haber denunciado a la Presidenta de la Nación por encubrimiento del mayor atentado terrorista que hubo en la historia de nuestro país.

¿La Presidenta pretende hacernos creer que esto se soluciona modificando la Ley de Inteligencia Nacional? La ley vigente no es de la dictadura, de los años 70, es una ley que ha sido modificada en el año 2001. Posee mecanismos de control parlamentario que de haber sido cumplimentados seguramente no estaríamos hoy lamentándonos por tener un sistema de inteligencia que actúa en la ilegalidad. Pero lo que tenía que hacer el poder político en manos de la Presidenta de la Nación era someter a los funcionarios y a los organismos de Inteligencia a esa ley, y a los controles parlamentarios que allí se establecen. ¿Qué han hecho los miembros que integraron esta Comisión para contribuir a que estos organismos no hagan lo que hicieron durante toda su vida: operaciones políticas y judiciales para lograr impunidad?

Ante cada crisis, ante cada avance de la justicia, el Poder Ejecutivo nos presentan un proyecto de ley para desviar el eje de la verdadera discusión de la crisis política en la que estamos.

¿Cómo estar en desacuerdo respecto de reformar el sistema de inteligencia en la República Argentina? Hemos sido principales impulsores de las reformas necesarias para poner el sistema de escuchas en manos del poder judicial y establecer férreos controles sobre el presupuesto del sistema de inteligencia así como del control de los gastos reservados. Nuestras propuestas, así como las de otros diputados y senadores, han sido desoídas y excluidas de la agenda política parlamentaria de los últimos 12 años.

¿Es ahora, a días de la trágica y dudosa muerte del fiscal federal que acusó a la Presidenta de la Nación de encubrimiento del mayor atentado terrorista de la historia de nuestro país, cuando urge un nuevo “debate exprés” para modificar la Ley de Inteligencia Nacional, mientras el General Milani continúa al frente del Ejército y Aníbal Fernández es el Secretario General de la Presidencia?

Hace doce años que el kirchnerismo sostiene y alimenta un sistema de inteligencia que espía a jueces, políticos y periodistas, mientras permite que el crimen organizado opere, crezca y se expanda en nuestro país.

Este proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia es una maniobra más que va en el sentido de profundizar la politización de los organismos de inteligencia al servicio del poder con el objetivo de distraer la atención de la sociedad del problema central, que es la impunidad y la falta de verdad.



Frente a la gravedad de la crisis, provocada por los hechos, hemos exigido –junto a otros bloques de diputados de la oposición- a la Presidenta que incorpore en las sesiones extraordinarias la denuncia y derogación del tratado con la República Islámica de Irán, que se ponga a disposición a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo para ser interpelados por el Congreso, en particular: el Canciller Timerman; la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez; y el Secretario de Inteligencia, Dr Oscar Parrilli, sin que nada de ello haya sido receptado.

A la luz de todo lo ocurrido, resulta increíble que la Presidente siga defendiendo con obstinación el acuerdo con Irán, un pacto de complicidad e impunidad.

Recordamos que el día 27 de enero de 2013 La República Argentina y la República Islámica de Irán suscribieron en la ciudad de Addis Abeba, Etiopía -en ocasión de la 20ª Cumbre de la Unión Africana- el "Memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994". El día 27 de febrero del mismo año el Congreso Nacional aprobó dicho tratado internacional mediante la sanción de la ley 26.843. Ello así, a pesar de las fuertes críticas esbozadas por diversos sectores de la oposición y de organizaciones civiles.

Al día siguiente, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó dicha ley que, de inmediato, fue publicada en el boletín oficial. Sin embargo, el gobierno iraní nunca demostró voluntad de cumplir con el acuerdo ni de llegar a una solución que permita, algún día, llegar a la verdad de lo ocurrido en aquel trágico ataque terrorista.

Como lo afirmamos en ese momento, y como lo denunció el propio fiscal federal Nisman en dicha ocasión, el memorándum siempre estuvo muy lejos de ser un instrumento idóneo para que la causa avance y para que la Justicia argentina pueda llegar, alguna vez, a una sentencia.

En la sesión del día 27 de febrero de 2013 solicitamos que el Memorándum se declarara nulo de nulidad absoluta e insanable por ir en contra de lo establecido por nuestra Constitución Nacional en sus artículos 18, 29, 109, 116, 118 y 75 inciso 22. Asimismo, manifestamos que violaba el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 10 de la Declaración universal de los Derechos Humanos, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Finalmente el 15 de mayo del año pasado, la Sala I de la Cámara Federal hizo lugar a la acción judicial promovida por la AMIA y la DAIA con el apoyo del fiscal federal Nisman y declaró la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán y de la ley que lo había aprobado.

Luego, en los primeros días del mes de enero, llegaría la denuncia pública del fiscal Alberto Nisman en la que señalaba que ese texto era parte de una operación conjunta entre representantes de ambas naciones para encubrir a los imputados funcionarios iraníes sospechosos del atentado.

La democratización de los servicios de inteligencia.

La denominada democratización de los servicios de inteligencia es una tarea que en los últimos 30 años de historia democrática de nuestro país no ha podido prácticamente avanzar.

Como señala un informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) - “El (des) control democrático de los organismos de inteligencia en Argentina”- desde el retorno de la democracia en 1983 diversas iniciativas generadas desde la sociedad civil o el ámbito académico han intentado promover reformas legislativas y reglamentarias capaces de establecer un control democrático sobre los organismos de inteligencia, sin éxito.

Una de las conclusiones que allí se esbozan es que “la democracia argentina adoptó una estructura de inteligencia sin controles y la convirtió en uno de los pilares del poder presidencial. Al hacerlo, consolidó servicios poco profesionales dedicados al espionaje interno y al manejo de fondos reservados que no rinden cuentas ante nadie. Mientras el Congreso afirmó en numerosas oportunidades la necesidad de democratizar a las fuerzas armadas, de seguridad e inteligencia (Cawthra y Luckham, 2003; Pion-Berlin, 1992) esas leyes son ineficientes y no funcionan, en parte como consecuencia de acuerdos tácitos entre distintos sectores políticos que esperan usufructuar esas estructuras si acceden a la presidencia.”

Durante años fueron regulados por decretos secretos del PEN, desde 2001 la Ley de Inteligencia delimitó los campos de acción, definió actividades e impuso mecanismos de control. El objetivo de esta ley era marcar la relación del Estado con las FFAA y de seguridad en el proceso de transición. Por eso: 1) dividió cuestiones de inteligencia estratégica militar y la inteligencia criminal 2) reformo la estructura del SIN y estableció a la SI como organismo superior en materia de inteligencia 3) creó la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia para fiscalizar gastos reservados, que las practicas sean constitucionales, y que la política de inteligencia sea eficaz.

Ante el fracaso del control democrático de los organismos de inteligencia ADC se pregunta si ello es consecuencia del pasado autoritario de la Argentina o si estamos ante un supuesto de transición incompleta o fallida. Ante lo que señala que “si la hipótesis del enclave autoritario se sostiene en relación a los servicios de inteligencia en la Argentina, ello debe estar vinculado a razones diferentes a la imposición de condiciones por parte del régimen saliente. Este informe sugiere que los servicios de inteligencia escaparon al proceso de democratización porque nuestros presidentes democráticos vieron en ellos una fuente de poder que –como sugirió una fuente de esta investigación– creyeron poder controlar a su favor. En general, todos ellos se dieron cuenta antes de terminar sus mandatos que ello no era así. La democracia argentina adoptó a los organismos de inteligencia y su cultura autoritaria en su propio seno. La historia política de los servicios de inteligencia en democracia sugiere precisamente esa conclusión.”

Estructura del Sistema de Inteligencia Nacional. El crecimiento inexplicable del presupuesto del Ministerio de Defensa.

La Ley de Inteligencia Nacional (N°25.520) sancionada y promulgada a fines de 2001 establece las bases del Sistema de Inteligencia de la Nación. Este Sistema está integrado por la Secretaría de Inteligencia (SI), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DIC) y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DIE).

La Secretaría de Inteligencia dependiente de la Presidencia de la Nación constituye el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional y tiene como misión general la dirección del mismo.

Asimismo, la citada ley estipula que los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas tengan a su cargo la producción de la inteligencia estratégica operacional y la inteligencia táctica necesarias para el planeamiento y conducción de operaciones militares y de la inteligencia técnica específica.